La seguridad jurídica y el Estado de derecho son indispensables para la inversión y crecimiento del país en beneficio de los inversionistas, de los consumidores finales y de la independencia energética de México: ICC México.
Apenas el martes entró en vigor la Ley de Hidrocarburos y al menos 50 empresas han presentado amparos contra la misma, cifra que en breve podría incrementarse además de no ser la única medida a la que acudan, ya que algunas también prevén llevar a cabo litigios internacionales para hacer cumplir lo estipulado en los tratados de libre comercio que ha signado nuestro país, advirtió Claus von Wobeser, presidente de la International Chamber of Commerce (ICC) México.
En cuanto a estos últimos, consideró que podrían tardar más en resolverse, por lo que es probable que los inversionistas extranjeros antes de iniciar los procesos legales esperen la resolución a la que se llegue en los tribunales mexicanos.
Von Wobeser indicó que el ICC confía en que el Poder Judicial analizará la reforma a la Ley de Hidrocarburos de forma independiente y consistente con la Constitución y los distintos Tratados Internacionales celebrados por México, garantizando la protección de los derechos de los inversionistas y consumidores que se consideren afectados.
Agregó que los cambios establecidos en la Ley de Hidrocarburos pueden desincentivar la participación de nuevos competidores en el mercado de hidrocarburos, reducir la oferta o distorsionar el régimen de permisos, teniendo consecuencias negativas no sólo para los inversionistas, sino también para los consumidores finales de hidrocarburos, afectando la economía nacional.
“Para la ICC México, la seguridad jurídica y el Estado de derecho son un requisito indispensable para la inversión y, por lo tanto, para el crecimiento de nuestro país en beneficio de los inversionistas, de los consumidores finales y, en última instancia, de la independencia energética de México”, resaltó.
Si bien este organismo mostró su comprensión con la preocupación del gobierno federal por el contrabando de combustibles y las alteraciones a los instrumentos de medición de hidrocarburos, señaló que el marco legal aplicable debe realizarse con pleno respeto al Estado de derecho, incluyendo las garantías constitucionales de certidumbre y seguridad jurídica, al principio de progresividad y al principio de no aplicación retroactiva de la ley.
Mencionó que entre las disposiciones que establece esta ley al organismo le preocupa que se genere incertidumbre a los permisionarios en cuanto a las obligaciones que deben cumplir al dar una excesiva discrecionalidad a la Secretaría de Energía, sin parámetros establecidos en la ley, para establecer la capacidad mínima de almacenamiento de hidrocarburos.
Además de crear incertidumbre en cuanto a la duración de la suspensión de un permiso o en cuanto a los motivos de dicha suspensión, ya que se incorporan conceptos como “peligro inminente”, “seguridad nacional”, “seguridad energética” y “economía nacional”, los cuales no solamente son ambiguos, sino que no se encuentran definidos y, por tanto, estarán sujetos a una posible aplicación, quizá arbitraria.
Aunado a ello, también pueden violarse los acuerdos adoptados por México al amparo de los tratados de libre comercio de los que es parte, entre los que se encuentran el Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), el Acuerdo de Cooperación Económica con la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).
