El incendio en la estación provisional migratoria en Ciudad Juárez en el que perdieron la vida 39 migrantes es una muestra de que la política migratoria nacional es persecutoria y está militarizada, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El organismo empresarial indicó que el programa “Quédate en México” se tradujo en la implementación de una política migratoria persecutoria que se agudizó con la participación de elementos de la Guardia Nacional (GN), cuyos elementos tienen formación militar, los cuales no actúan como garantes de derechos humanos sino que tienen como objetivo claro la detención y deportación, situación que como consecuencia inevitable una serie de detenciones arbitrarias basadas en rasgos raciales y la expulsión colectiva.
En este sentido, la Coparmex consideró necesario que lo dispuesto en la Ley de Migración se cumpla para que la gestión de los flujos migratorios se aborde desde un enfoque de derechos humanos y no de persecución contra las personas.
Asimismo, recordó que México ha firmado compromisos internacionales en materia de migración y asilo, particularmente el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en el que se hace un llamado a respetar, proteger y hacer realidad todos los derechos humanos de las personas migrantes, a través del establecimiento de medidas como proteger el derecho a la libertad y a no ser detenido arbitrariamente, incluso dando prioridad a las alternativas a la privación de la libertad, proteger el derecho al trabajo decente y otros derechos laborales, así como luchar contra la discriminación y la xenofobia.
Por otra parte, el Informe sobre Migraciones en el Mundo 2022, elaborado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), indica que México es el segundo país destino de migrantes y el corredor entre nuestro país y Estados Unidos es el más grande del mundo. Lo anterior demuestra que nos hemos convertido en un Estado de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, lo que exige una política integral que atienda este fenómeno social.
Desde 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre las graves condiciones en los que se encuentran las estancias migratorias a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), pues estas presentan hacinamiento, acceso limitado a medicamentos, maltrato, extorsión, discriminación y falta de acceso a los servicios de salud a las personas migrantes. Estas situaciones también han sido ampliamente documentadas por diversas organizaciones sociales, apuntó.
Resaltó que el tema es aún más grave si se considera que, de acuerdo con datos oficiales del gobierno federal, en 2022 se detectaron 18 mil 300 niñas, niños y adolescentes extranjeros de países centroamericanos que se encontraban en nuestro país, la mayoría de los cuales huyen de contextos de violencia y pobreza. El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM señala que de 2014 a 2023, han muerto o desaparecido en la frontera México-Estados Unidos cuatro mil 400 personas migrantes; tan solo en 2023, se registraron mil 434 eventos de los cuales 93 fueron de menores.
En lo que corresponde del 1 de enero al 24 de marzo, el INM detuvo a 34 mil 489 niñas y niños migrantes, de los cuales dos mil 429 viajaban solos, lo que representa un enorme reto para el Estado mexicano, pues la prioridad debe ser buscar alternativas a la detención de esta población vulnerable, entre las que se encuentra el modelo desarrollado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para el cuidado de los infantes que incluye albergues a puertas abiertas, departamentos especializados y acogimiento familiar.
La Coparmex señaló que ha trabajado en programas piloto para la inclusión laboral de refugiados en México a través de la sensibilización y capacitación a empresas y centros empresariales sobre las áreas de oportunidad y ventajas de la contratación de personas en esta condición.
Apuntó que en este proceso ha detectado diversos cuellos de botella en el ámbito del gobierno federal, que inhiben la inserción laboral de refugiados tales como los trámites prolongados para otorgar el estatus de refugiado y limitaciones para la obtención del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), entre otros.
El organismo patronal consideró que el sector empresarial debe facilitar el acceso de refugiados a cuentas bancarias y propiciar entornos inclusivos libres de xenofobia y discriminación.
Ante el actual panorama, la Coparmex hizo un llamado al gobierno federal a modificar la política migratoria nacional, a cesar las conductas persecutorias y abordar el tema con un enfoque humanista que integre a las personas migrantes a la sociedad, y que particularmente se atienda a la niñez migrante.
“Sumando esfuerzos como sociedad, podemos hacer grandes cambios que nos beneficiarán y fortalecerán como nación”, concluyó.
