El gobierno de López Obrador no ha adoptado muchas de las medidas básicas que recomiendan las autoridades de salud mundiales para limitar la propagación del COVID-19, señala el Informe Mundial 2021 de Human Rights Watch.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) criticó el manejo que el gobierno mexicano ha dado a la pandemia comenzando con el desdén a las pruebas de detección masiva a las cuales el funcionario a cargo de coordinar la respuesta de México se ha referido como “inútiles” y “un desperdicio de tiempo”, lo que ha dado como resultado que el país tenga una de las tasas más bajas de pruebas de COVID-19 y una de las tasas más altas de resultados positivos en el mundo.
Además, asegura que “la gran mayoría de los pacientes con COVID-19 que han fallecido nunca recibieron cuidados intensivos”.
En su Informe Mundial 2021, en el capítulo referente a México, HRW destaca que funcionarios y expertos coinciden en que la estadística real de contagios y muertes por COVID-19 en el territorio nacional es probablemente varias veces superior a la cifra oficial y es de las más altas del mundo.
El análisis de la organización que se dedica a observar el respeto de los derechos humanos alrededor del mundo, afirma que “las personas que viven en áreas de bajos recursos o comunidades indígenas tienen 50 por ciento más probabilidades de morir por este letal virus”.
La investigación de HRW pone atención a uno de los hechos que aseguró se desarrolló durante el tiempo de confinamiento en algunas partes del país, sin precisar los lugares, pues señaló que los “cárteles delictivos proporcionaron asistencia alimentaria a residentes que enfrentaban dificultades y amenazaron con usar la violencia para hacer cumplir toques de queda por la pandemia”.
El informe también indica tres sectores muy afectados a consecuencia de la pandemia: los trabajadores de salud, la población de las cárceles y los niños que viven en zonas rurales y pobres que no pueden acceder a la educación a distancia.
En lo que corresponde a los empleados de salud, menciona que según datos de Amnistía Internacional, México tiene el número más alto de muertes por COVID-19 en el mundo. Resalta que los trabajadores sanitarios han enfrentado ataques y discriminación, y algunos de ellos comentan que fueron despedidos por reclamar ante la falta de equipos de protección en los hospitales públicos.
Por otra parte, mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó dos mil 234 casos confirmados y 198 muertes por COVID-19 al 1 de septiembre en cárceles, “donde hay condiciones notorias de hacinamiento e insalubridad”. Además, resaltó que como medida preventiva para evitar la propagación de la pandemia en la mayoría de las entidades se suspendieron las visitas de familiares, lo que ha afectado a quienes están recluidos en centros penitenciarios, ya que muchas personas no tienen acceso a insumos de higiene básicos como jabón.
En lo que se refiere a la educación, HRW recordó que las escuelas cerraron en marzo de 2020 y el año escolar 2020-2021 está transcurriendo de forma remota con transmisiones de clases por televisión y radio. Respecto a esto observó que a pesar de que 94 por ciento de los hogares cuenta con televisión, no sucede lo mismo con el acceso a internet, por lo que muchos niños y niñas, principalmente de bajos ingresos o que tienen alguna capacidad diferente, no gozan de estos servicios.
Esta situación es aún más grave para los pequeños que viven en áreas rurales, muchos de ellos indígenas, pues no han podido participar en lo absoluto en las clases a distancia.
