El Poder Judicial en las Américas no está cumpliendo su papel crucial de contrapeso a otros poderes del Estado. La ausencia de independencia judicial debilita el Estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de los corruptos y poderosos, resalta el informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, elaborado por Transparencia Internacional.
El análisis destaca que abordar esta problemática resulta imprescindible para combatir la corrupción de manera eficaz y garantizar el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, en una región cuyo promedio se mantiene en 43, y donde dos tercios de los países se sitúan por debajo de 50 puntos.
Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional, dijo que los países de la región deben esforzarse por tener poderes judiciales independientes para garantizar la rendición de cuentas y la justicia. “No hacerlo erosiona los cimientos de la democracia y el Estado de derecho”.
Advirtió que el debilitamiento continuo de los pesos y contrapesos sólo fomentará la impunidad de los corruptos y las élites, en detrimento de las personas y del bienestar colectivo.
De manera concreta, el informe menciona que en países como Brasil, México y Honduras, la destitución y el nombramiento de jueces y fiscales sin mérito por otros poderes del Estado, a menudo mediante procesos opacos y, en algunos casos, ilegales, socava la independencia del Poder Judicial. Lo que fomenta la injusticia y la aplicación de la ley en función de los intereses del gobierno de turno y las élites. También garantiza la impunidad de los corruptos y obstaculiza la posibilidad de recuperar activos robados”.
Como si fuera epidemia
La mayoría de los países del orbe lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público, lo que está fuertemente relacionado con el debilitamiento paralelo de los sistemas de justicia, destacó François Valérian, Presidente de Transparencia Internacional, durante la presentación del informe del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2023.
Durante 12 años consecutivos en los que se ha elaborado el IPC, se ha observado que el promedio global se mantiene prácticamente sin variaciones, lo que pone de relieve que existe una conexión clara entre el acceso a la justicia y la corrupción, destaca el análisis.
El informe indica que “tanto los regímenes autoritarios como los líderes democráticos que menoscaban la justicia contribuyen a profundizar la impunidad de la corrupción y, en algunos casos, incluso la fomentan al eliminar las consecuencias para los infractores”.
El presidente de Transparencia Internacional señaló que “la corrupción seguirá ganando terreno hasta que los sistemas de justicia puedan castigar los actos indebidos e imponer controles a los gobiernos. Cuando la justicia es algo que se puede comprar o interferir políticamente, quienes sufren son las personas. Los líderes deben comprometerse de manera plena con fortalecer y garantizar la independencia de las instituciones que aplican la ley y enfrentan la corrupción. Es momento de terminar con la impunidad de la corrupción”.
Ante esta situación, Transparencia Internacional hizo un llamado a los gobiernos para que otorguen a los sistemas de justicia la independencia, los recursos y la transparencia necesarios para castigar eficazmente todos los delitos de corrupción y poner controles institucionales al poder.
Agregó que cuando resulte necesario, los gobiernos también deben adoptar leyes y procedimientos más eficientes para que las instituciones de justicia puedan protegerse frente a actos corruptos y contrarrestarlos.
Daniel Eriksson, director Ejecutivo de Transparencia Internacional, aseguró que “la corrupción agrava la injusticia social y afecta en forma desproporcionada a los más vulnerables“.
Recalcó que en muchos países persisten obstáculos para que las víctimas de corrupción puedan obtener justicia, ante ello dijo que ha llegado el momento de eliminar las barreras y asegurar que las personas puedan tener acceso efectivo a la justicia.
“Todas las personas merecen que haya sistemas legales justos e inclusivos donde las voces de las víctimas se escuchen en cada instancia. Cualquier otra posibilidad es una afrenta a la justicia”, subrayó.
