Las 32 comisiones de derechos humanos del país exhortaron a la Fiscalía de Veracruz “a ajustar su comportamiento, acciones y declaraciones, al respeto institucional hacia la CEDH, a su titular y hacia el personal de la misma”.
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos del país hicieron un llamado “respetuoso pero enérgico” a las autoridades de justicia de Veracruz para que respeten la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y su presidenta, luego de que el fiscal general del estado criticara a la dependencia por la emisión de la Recomendación 25/2019, donde se le reconoce como una de las autoridades responsables por casos de tortura.
En un comunicado, los ombudsperson del país expresaron que “inquietan las recientes actitudes asumidas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz con las que se pretende minimizar los señalamientos por la comisión de actos de tortura y centrar la atención pública en supuestas irregularidades cometidas por la titular de la CEDH, y no en los recientes pronunciamientos sobre la actuación de algunos servidores públicos de aquél órgano de justicia, consignados en una recomendación del organismo”.
La Federación llamó la atención “por los intentos de ingreso a cuentas de correo electrónico y otros medios digitales de comunicación personal que la presidenta de la Comisión Estatal, Namiko Matzumoto, ha señalado públicamente, hechos que preocupan por vulnerar la intimidad y privacidad de la persona afectada y su familia”.
Los 32 organismos públicos protectores de derechos humanos del país exhortaron a la Fiscalía General del Estado de Veracruz “a ajustar su comportamiento, acciones y declaraciones, al respeto institucional hacia la Comisión Estatal, a su titular y hacia el personal de la misma, coadyuvando a generar un ánimo de armonía en el que las amenazas o cualquier acto intimidatorio no se encuentren presentes”.
El pasado 14 de mayo, el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, emitió un posicionamiento en el que reclamó que durante la administración de Javier Duarte, periodo en el que fue presidenta de la CEDH la actual titular, “se presentaron cientos de denuncias por violaciones graves de Derechos Humanos y jamás emitió una recomendación como la reciente”.
“La recomendación emitida señalando que la Fiscalía torturó dentro de instalaciones a cargo de la SSP a una persona para obtener su declaración es parte también de la estrategia para proteger a los cómplices de Duarte, en ese caso a uno de los más perversos, acusado de desaparecer los restos de personas señaladas como desaparecidas”, aseveró.
De acuerdo con Winckler, la presidenta de la Comisión Estatal lo acusa de que “se le torturó (a un detenido) con música de un género reguetonero. Pasará a los anales de los derechos humanos: ¡Maluma torturó en la cárcel de Pacho Viejo a quien es presuntamente responsable de participar en la desaparición de restos de seres humanos!”.
La Recomendación 25/2019, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, señala a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado como responsables de cometer actos de tortura física y psicológica contra una persona privada de la libertad.
La CEDH determinó que los actos de tortura cometidos contra la víctima fueron ejecutados con la finalidad de obtener una declaración incriminatoria, lo que vulneró el debido proceso.
De acuerdo con su investigación, la persona privada de la libertad, que se encontraba en el Centro de Reinserción de Pacho Viejo, fue sometida a escuchar música “a un volumen muy elevado las 24 horas del día, lo que le impedía conciliar el sueño”.
“La víctima señala que en diversas ocasiones se quejó con el entonces director del Centro sobre la situación, pero que este no hizo nada al respecto”, explicó la Comisión.
La CEDH obtuvo testimonios de otras personas privadas de la libertad, quienes confirmaron que escucharon música a alto volumen después del horario permitido dentro del centro penitenciario, y que también sufrieron las molestias.
El organismo señaló que, a pesar de la prohibición al respecto, se presentó el ingreso de una radio y una bocina a la zona de celdas del Centro, lo que tuvo que haber sido tolerado por el personal, y que este omitió actuar ante el hecho de que se dio la reproducción constante de música, aunque “de acuerdo con el Reglamento que los rige, las estancias debían permanecer en silencio después de las 21:00 horas”.
La Comisión Estatal concluyó que el quejoso “fue víctima de actos que le ocasionaron severos daños y sufrimientos mentales”, por lo que recomendó a la Fiscalía estatal “investigar con la debida diligencia los actos de tortura cometidos”.
También recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal establecer mecanismos efectivos de fiscalización y control de ingresos a los centros de reinserción.
De acuerdo con el organismo, ambas instituciones deberán pagar una compensación a la víctima por los daños y sufrimientos derivados de los actos de tortura.
