A finales del siglo pasado, cuando lentamente se logró la transición del sistema político marcado por la hegemonía de un solo partido, la mayor parte se enfocó en los cambios de partido tanto en el Ejecutivo —de 2000 a hoy, van 4 presidente de tres partidos políticos— como en el Legislativo; pero poco se percibió de los cambios que la impartición de justicia también ha tenido. No obstante, este camino ha estado lleno de baches y el actual gobierno de hecho ha complicado todavía más este proceso.
La reciente desaparición de la escena pública del primer fiscal general en la historia del país: Alejandro Gertz Manero volvió a llamar la atención sobre este tema, el cual conviene conocer mejor no sólo porque la posibilidad de que Gertz no pueda continuar al frente de su puesto es alta, pero más porque debemos valorar el tema para delinear el futuro que queremos en este renglón.
Desde el inicio, la transformación que el Poder Judicial pasa bastante desapercibida entre el común de la gente, incluso entre los interesados en política, porque se trata de temas complejos que parten de la interpretación de la ley. Además, los asuntos judiciales no suelen directamente impactar la vida cotidiana de las personas pues sólo en situaciones puntuales se requiere acudir a un juzgado o poner una denuncia. Y esto último, marca otra de las complicaciones en la impartición de justicia que no se trata sólo del Poder Judicial.
En otros países tienen otros modelos, pero en el nuestro por años a impartición de justicia y el combate a la impunidad involucraba tanto al Poder Judicial como a lo que era la Procuraduría General de la República, que dependía del Ejecutivo cuyo titular era parte del gabinete del presidente o del gobernador de cada estado, es decir, estructuralmente estaba sometido al Ejecutivo.
Por ello, la idea de contar con una Fiscalía independiente a nivel federal así como en cada estado se fue cocinando por muchos años, de hecho desde 2014. La idea de dar autonomía a la institución que concentra a los ministerios públicos cuya función es “armar” los casos para entregar el proceso al Poder Judicial. De la habilidad de los ministerios para hacer su trabajo se derivan casos fuertes y bien estructurados que facilitarán que los culpables no se salven desde el inicio de la acción de la justicia que en sí la imparten los jueces. Evidentemente, desde ahí se filtrarían las acusaciones sin fundamento que sólo se hacen por razones extrajudiciales tanto de particulares entre sí como de alguna autoridad mal ejercida que quisiera perseguir a una persona por motivos sobre todo políticos.
Esa transformación también buscaba, por supuesto, que el perfil que llegara a ocupar ese puesto tuviera un currículum y una fama personal intachables, pues su misión de que la justicia fuera expedita y apegada a la verdad es de una enorme trascendencia.
Así pues la Fiscalía independiente buscaba limitar la intromisión del poder ejecutivo federal o local para evitar el uso faccioso de ésta, combatir la corrupción y contar con una estructura independiente del Ejecutivo y que no fuera absorbida por el Poder Judicial ya que no se consideró adecuado que un mismo poder haga la “persecución” y “detención” de los posibles infractores. Pero la idea sí era avanzar en autonomía y que las personas que fueran nombradas no formaran parte del gabinete y que duraran en sus cargos periodos más largos que los sexenios. Su elección se “democratizaba” ya que quienes ocupen estos cargos salen de una primera lista de diez personas que envían los senadores al Ejecutivo, quien elige una terna de la cual los senadores ya seleccionan a una persona.
El trabajo de transitar a la Fiscalía Independiente se vio vulnerado desde el inicio de la anterior legislatura ya que estaba dominada por Morena. Fue una de sus primeras imposiciones no sólo la elección de Gertz Manero sino modificaciones sustanciales a la Ley respectiva. Se trató de una clara traición al trabajo previo de muchos especialistas que por años habían diseñado un modelo legal que para lograr el ideal de autonomía y contar con una institución muy fuerte cuyo titular tuviera claros límites que aseguraran su funcionamiento.
Esas propuestas como se decía fueron desechadas y lo aprobado ignoró temas trascendentes. Se comentó desde esos meses, a finales de 2018, que la ley era al gusto y con la hechura de quien luego, sin menor problema, fue electo por nueve años como fiscal general. Gertz Manero no tenía desde entonces la integridad moral —la verdadera, no la otorgada sólo por la palabra “mágica” del titular del Ejecutivo— pues de entrada su riqueza personal era ya inexplicable.
La actuación de Gertz Manero más que autónoma ha sido de “autoservicio” debido a que utilizó su puesto para satisfacer sus venganzas personales: la persecución a la pareja de su hermano y su familia, la Universidad de las Américas, y en nombre de la fiscalía las amenazas a cientos de personas en Santa Fe que han puesto en riesgo su patrimonio. En contraste, no se sabe que la Fiscalía en verdad haya construido casos fuertes contra la corrupción, contra los narcos, contra secuestradores…
La figura en los estados tampoco ha corrido con mejor suerte como la actuación la fiscal en Ciudad de México además de haber actuado en contubernio con Gertz para sus asuntos personales recientemente cayó en el ridículo al intentar defender a la cuestionada ministra Esquivel. El fiscal de Morelos se mostró proclive a arreglar las cosas para que una persona cercana a él, sospechoso del asesinato de una joven mujer, fuera exonerado. En Chihuahua, a raíz de la fuga en el penal de Ciudad Juárez, se destituyó al fiscal que apenas había sido nombrado el cual al quedarse sin ese empleo, fue rápidamente acogido por la gobernadora Maru Campos, del PAN, como su secretario particular y quedó como nuevo fiscal alguien que fue jefe anteriormente de Campos y que estuvo, con ella, acusado de malos manejos.
La fiscalía independiente ha fracasado. La ley federal quedó dañada por la intervención de Morena. Y la elección de los titulares ha estado manchada por su cercanía al poder y sus actuaciones han sido, por decir lo menos, lamentables. Por tanto, no es ninguna sorpresa que los niveles de impunidad sigan escalando a pesar de que la cifra de denuncias siga siendo infinitamente menor a la realidad de los delitos que se cometen a diario. Y esto refuerza la idea de que la justicia en México está cada día más lejos y que la única ley que sí impera es la ley de la selva.
