La consulta populista para juzgar a expresidentes dividió a los ministros de la Suprema Corte, aunque todos vieron claramente su inconstitucionalidad.
Hace 2020 años tuvo lugar una consulta popular que dejó una gran enseñanza a la humanidad, al condenar a un inocente tergiversando la ley. Las consultas populares son un instrumento obsoleto, injusto, que violan el Estado de derecho, los principios de certeza jurídica y los derechos humanos. Las consultas populares van contra el imperio de la ley y del derecho, representan un grotesco método antidemocrático.
El actual gobierno neosocialista introdujo en la Constitución las consultas populares para violar la seguridad jurídica y darle poder al ejecutivo por arriba de la ley. Mediante esas consultas se clausuraron arbitrariamente empresas, violando contratos, lo que frena la inversión y reduce el crecimiento.
Para enjuiciar a expresidentes no es necesario una consulta popular, solo reunir pruebas de sus desvíos, presentarlas a la Fiscalía General de la República y turnar el caso a un juez, responsable de resolver si cometieron un delito, como en cualquier país que se precie de democrático y de hacer justicia mediante leyes estables, no de ocurrencias. La justicia no se consulta, no se aplica por la sentencia de una muchedumbre manipulada, como sucedió con la condena de Cristo.
La consulta populista para juzgar a expresidentes dividió a los ministros de la Suprema Corte, aunque todos vieron claramente su inconstitucionalidad. Unos, como es lo correcto, la rechazaron y otros, aunque tácitamente admitieron su inconstitucionalidad, le “enmendaron la plana” al presidente, le suprimieron las frases y términos que, según ellos, la hacían inconstitucional. Se extralimitaron en las funciones de revisión que les otorga el art. 26 de la Constitución.
El ministro Luis María Aguilar Álvarez dejó claro la inconstitucionalidad de esa consulta. Señala el Ministro que su objetivo es materia prohibida para consultas y su resultado no vincula ninguna decisión del Poder Judicial. Viola los derechos humanos, el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de igualdad ante la ley, y de ganar un “no” en la consulta, significaría que los acusados son perdonados.
Quienes asesoraron al presidente sobre la legalidad de esa consulta lo hicieron caer en un craso error y confirmar que solo usa la consulta populista para ganar votos y dar la impresión al pueblo de combatir la corrupción.
