Juan Carlos Charleston Salinas
Consultoría Jurídica Humanista
En próximas fechas iniciará el período escolar de todos los niveles de educación: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y/o media superior.
Con motivo de ello es una costumbre que las Asociaciones de Padres de Familia pidan cuotas o contraprestaciones escolares a los padres de familia para la “cuota para Padres de Familia” “inscripción”, “para la ficha”, “para libros”, “cuadernos o libretas con el logotipo de la escuela”, y si a eso le agregamos “los uniformes escolares de educación física o de gala”, la lista es interminable.
Un caso clínico para ejemplificar sería el COBAEV de Villa Allende, donde varios padres de familia que omito dar su nombres por obvias razones me escribieron y me comentaron lo siguiente: Nos piden 900 pesos para la Asociación de Padres de Familia, 800 pesos para la inscripción, 400 pesos para la ficha, mil 500 para libros y libretas que vende el COBAEV y es mucho el gasto, pero si no pago la inscripción y la ficha el niño no entra a la escuela a estudiar, porque nos condicionan a cumplir esta obligación. Si no compro los libros lo reprueban y si no compramos los uniformes incluyendo los pants y la chamarra de educación física que asciende a la cantidad de mil 500 pesos, no lo dejan entrar, es mucho el gasto en este tiempo de crisis económica que no hay empleo, es un sacrificio lo que nos piden y hasta parece escuela privada.
Al respecto quiero comentar que la educación es un Derecho Humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo Tercero que establece lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a recibir educación. El estado-Federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, esta y la media superior serán obligatorias y en su fracción IV establece que “toda la educación que imparta el Estado será gratuita”.
Al respecto las cuotas por una parte representan una carga económica para las familias mexicanas violentando sus derechos humanos y por otra son al mismo tiempo imprescindibles, para cubrir las condiciones básicas necesarias para que la niñez y la juventud mexicana reciba una educación digna y de calidad, que resulte competitiva en este mundo globalizado, pues la partida presupuestal correspondiente no ha sido suficiente para cubrirla en su totalidad.
La Ley General de Educación en el Artículo 6º establece que las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.
¿Qué hacer ante el cobro de cuotas escolares?
Puedes acudir a presentar tu queja ante la autoridad municipal en la regiduría de la comisión de Educación, puedes presentar tu queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puedes presentar tu denuncia ante la Fiscalía por Discriminación de persona y por violencia económica en el ámbito educativo por condicionar la prestación del servicio educativo, por no pagar las cuotas o en su caso acudir a un juzgado federal a presentar un amparo ante la negativa del derecho humano a la educación. Recordemos que ya existe un precedente en el que un juez federal ordenó a una guardería del Cendi del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) devolverle a una niña de cinco años sus cuotas escolares que la institución les cobraba mensualmente.
La importancia es que la ciudadanía se empodere conociendo sus derechos, para que los haga valer contribuyendo a una sociedad más humanista.
- Abogado y Defensor de Oficio del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
