La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 aseguró que la manera deficiente en la que se manejó la emergencia sanitaria en México ocasionó daños devastadores e inocultables, mismos que impactaron con mayor dureza a las poblaciones vulnerables y causó el aumento en las desigualdades que ya existían en México.
En un reporte, la Comisión explicó que si bien México ya tenía un sistema de salud fracturado por la falta de inversión crónica y reformas debilitantes, y una alta prevalencia de enfermedades crónicas en los mexicanos, la manera en la que se manejó la pandemia no fue adecuada y se estima que casi cuatro de cada 10 muertes en exceso durante la pandemia sucedieron por “fallas en la gestión gubernamental”.
“Los mexicanos más pobres sufrieron desproporcionadamente la pandemia”, dijo el organismo investigador y destacó que según su informe, en las zonas donde se concentró la mayor cantidad de población de escasos recursos también se concentraron los mayores porcentajes de muertes y exigir pruebas, dejó desprotegidos a quienes no podían costearlas.
La entidad más mortal en la pandemia fue Ciudad de México y según el organismo, la política “quédate en casa”, que fue estandarte en la emergencia, causó un efecto “perverso” pues muchas personas no pudieron salvarse debido a que pensaron que la atención médica en caso de enfermarse debía ser proporcionada desde casa; de igual manera, desde casa los mexicanos tuvieron que arreglárselas y enfrentar los estragos de la crisis.
“Los hogares sustituyeron y subsidiaron al Estado”, comentó la Comisión de Investigación y compartió que el 60 por ciento de los enfermos acudió a consultorios y farmacias privadas, por lo que lo calificó como “un territorio mal regulado, donde con frecuencia recibieron malas recomendaciones o sobremedicación”.
Respecto a la respuesta hospitalaria, el organismo remarcó que fue evidente que el personal, recursos y mecanismos fueron poco claros e insuficientes, pues se calculó que el 95 por ciento de los fallecidos murieron solos; mientras que cuatro mil 843 profesionales de la salud perdieron la vida salvando a pacientes, lo que coloca a México a la cabeza con más muertes de personal de salud.
Respecto a vacunación, pese a que el país adquirió rápidamente los fármacos, “criterios políticos interfirieron con criterios sanitarios sobre las prioridades de vacunación”, y entre las muchas fallas, se negó la vacunación prioritaria al personal de salud del sector privado. Además, pese a que ya había vacunas, la inmunización fue lenta y hasta el momento muchos datos respecto al tema están resguardados por “razones de seguridad nacional”, dijo la Comisión.
El informe también explicó que en la crisis sanitaria, al momento de tomar decisiones no se recurrió a los órganos legales habilitados para eso, y “la comunicación del gobierno no se realizó con base en los manuales y estándares internacionales de comunicación de riesgo sanitario ni de situaciones de crisis de salud pública”, sino que se enfocó a cuidar la imagen del actual gobierno.
Además, el reporte arrojó que entre 2019 y 2021, la reducción de la esperanza de vida en México fue de 4 años, lo que representa un retroceso de casi tres décadas y comparándolo con el número de muertes y distribución, se perdieron 19.4 millones de años; por otro lado, la tasa de mortalidad materna aumentó 59 por ciento en el mismo periodo y las defunciones perinatales subieron 18 por ciento de 2018 a 2022.
Por último, la Comisión de Investigación hizo una serie de recomendaciones a autoridades y sociedad, posterior a la emergencia sanitaria. La lista es:
- Rehabilitación de órganos colegiados especializados en salud.
- Reconstrucción de las capacidades técnicas y administrativas del Estado en vacunación, compra de insumos y medicamentos y regulación sanitaria.
- Implementación de protocolos preestablecidos de comunicación de riesgos y crisis.
- Creación de un plan nacional de aumento de inversión en salud.
- Un plan integral de protección de los sectores vulnerables entre quienes se ha profundizado la exclusión en materia de salud.
“En el centro de la evaluación realizada se encuentra un profundo sentido de responsabilidad moral y cívica, impulsado por el asombroso precio que cobró la pandemia: más de 800 mil 000 muertes en exceso y un total 19.4 millones de años de vida perdidos”, concluyó el organismo y aseveró que todo el equipo que es parte de la Comisión dedican su trabajo a la memoria de los miles que fallecieron, a sus familias y al personal médico.
