En 2019, el TEPJF determinó que los funcionarios Servidores de la Nación violaron la ley durante el censo y distribución de los programas sociales promoviendo indebidamente la imagen del presidente.
Servidores de la Nación pueden enfrentar una multa de doscientos días y prisión de dos a nueve años de cárcel si lucran políticamente con la aplicación de la vacuna anti-COVID-19 durante jornada electoral de 2021, de acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
El artículo 11, fracción II, de dicha ley menciona que esas penas se impondrán a quienes “condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas a la misión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho del voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. Si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará un tercio de la pena prevista en este artículo”.
Hace unos días, el diputado por el PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a los Servidores de la Nación por uso indebido de recursos públicos, difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada y utilización del padrón electoral en la estrategia de vacunación contra el COVID-19.
El panista señaló que el padrón de beneficiados de los programas del Bienestar y en la vacuna está expuesto a la propaganda electoral de Morena por medio de los nombrados Servidores de la Nación.
El legislador dijo que la actuación de los Servidores de la Nacional viola el principio de imparcialidad por el uso indebido de recursos y servicios de carácter público y difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada para influir en la contienda electoral del próximo 6 de junio en el que se renovará la Cámara de Diputados, la oposición busca obtener la mayoría para generar un equilibrio de poderes en el país.
Durante la jornada electoral de este 2021, los Servidores de la Nación coordinarán la “Brigada Correcaminos”, junto con las Fuerzas Armadas y personal del Sector Salud, y aplicarán la vacuna anti-COVID-19.
¿Quiénes son los Servidores de la Nación?
Los Servidores de la Nación surgieron en 2018 tras el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este grupo se conformó como parte de los integrantes que promocionan el voto a favor del actual mandatario. Ahora como servidores públicos tienen como función recorrer el país y llevar los programas sociales hasta la puerta de las casas de los ciudadanos.
El grupo está encabezado por Gabriel García Hernández, coordinador Nacional de Programas de Integrales de Desarrollo y persona cercana al presidente López Obrador desde 2006, él fue el encargado de fundar la asociación civil Honestidad Valiente.
Según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), actualmente hay 18 mil 894 integrantes de Servidores de la Nación, desplegados en país y quienes perciben un sueldo de 6 mil 482 pesos mensuales; 252 directores regionales que reciben 50 mil 158 pesos; 32 delegados estatales de Programas de Desarrollo, mejor conocidos como “superdelegados” que ganan 87 mil pesos y 3 mil 736 personas dedicadas a diversas actividades administrativas y técnicas.
Estas personas visten camisetas y gorras blancas con el logotipo de la Secretaría del Bienestar, encabezada por María Luisa Albores, portan chalecos color marrón y traen un gafete con su nombre y el del mandatario federal.
Acumulan denuncias los Servidores de la Nación
En 2019, el TEPJF determinó que los funcionarios Servidores de la Nación violaron la ley durante el censo y distribución de los programa sociales promoviendo indebidamente la imagen del presidente Andrés Manuel. Además de que no cumplieron con las medidas cautelares ordenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) al mantener el nombre e imagen del mandatario en su vestimenta, así como en su discurso.
Otro caso se dio durante las elecciones internas para la elegir a la dirigencia nacional de Morena, donde su propia expresidenta Yeidckol Polevnsky reconoció que los Servidores de la Nación fueron utilizados como maquinaria electoral para promover el voto a favor de Bertha Luján.
