En su afán por desaparecer todo lo construido por sus antecesores, AMLO canceló el Seguro Popular y creó el Instituto de Salud para el Bienestar a pesar de que los recursos para su operación son insuficientes.
Por.- Sonia Domínguez Ramírez
Entre las preocupaciones inmediatas de una persona que es diagnosticada con una grave enfermedad está tener la posibilidad de acceder a un tratamiento médico que le permita recuperar la salud y poder pagarlo. Por desgracia, en México mucha gente de escasos recursos, ven diluidas sus esperanzas de sobrevivir por el alto costo que implican los medicamentos, los tratamientos, las operaciones y las estancias hospitalarias que son inaccesibles para ellos.
Por ejemplo, el precio promedio de un tratamiento de cáncer es de dos millones de pesos, según datos difundidos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conduser) basados en cifras del sector asegurador.
Para la mayoría de la población que no cuenta con recursos económicos ni seguridad social alguna y tiene la desgracia de enfermarse de cáncer, esta cantidad es prácticamente inalcanzable y a menos que suceda un milagro podría contar con los tratamientos necesarios para atenderse.
La precaria situación económica que millones de mexicanos padece, los deja en la vulnerables frente a una crisis de salud, ante ello el gobierno tiene la obligación de ser subsidiario y crear mecanismos para atender a esta población.
En 2003 más de la mitad de los mexicanos no contaba con acceso a la seguridad social, y por lo tanto la vida de quienes padecían graves enfermedades, como el cáncer, pendía de un hilo. Para subsanar esta situación, el gobierno federal creo el Sistema de Protección Social en Salud, del que formaba parte el Seguro Popular que comenzó a operar el 1 de enero de 2004, y a pesar de quedar demostrado que millones de personas se vieron beneficiadas por sus servicios, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cancelarlo.
En su lugar, decidió crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) bajo la premisa de transformar e integrar el sector, superar la inequidad y mejorar la calidad, así como la eficiencia en la atención, con seguridad y humanismo.
Al anunciar la creación del Insabi, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que con la ampliación de 40 mil millones de pesos en el presupuesto sería posible conformar este nuevo organismo descentralizado de la Secretaría de Salud el cual tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, y para garantizar servicios de salud y medicinas a la población sin seguridad social, se basará en cuatro líneas estratégicas: responder a las necesidades en materia de medicamentos y material de curación, personal médico, infraestructura y basificación de personal.
Las cuentas no cuadran
Para 2020 el gobierno federal propuso un presupuesto de más de 128 mil millones de pesos para la Secretaría de Salud, de esta cantidad 72 mil 538 millones de pesos se destinarán al Insabi, (aunque en el proyecto de presupuesto aún se mencionaba como Seguro Popular y que tenía un padrón de afiliados de 57 millones de mexicanos).
De esta manera si al presupuesto de 72 mil 538 millones de pesos se suman los 40 mil millones de pesos anunciados por el titular de Salud y el propio AMLO, sumarían más de 112 mil millones de pesos para el Insabi, que según la meta de las autoridades federales, busca atender al total de la población en México carente de seguridad social a la cual de esta manera se le ofrecerían servicios ilimitados de salud sin pago de cuotas.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) para lograr la cubrir al total de la población que no está inscrita ni en el ISSSTE el IMSS así como en ningún otro servicio de seguridad social en el país, requeriría un total 472 mil 304 millones de pesos.
Defienden al Seguro Popular
Después del anuncio formal de la desaparición de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y del Seguro Popular, seis exsecretarios federales de Salud enviaron una carta a AMLO pidiéndole evitar su cancelación, arguyendo que el gobierno actual puede mejorar muchas cosas, pero ello no se logrará “destruyendo lo que ya existe, se va a hacer mejorando lo que no funciona bien”.
Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdova, Salomón Chertorivski, Mercedes Juan López y José Narro afirmaron en la misiva firmada por ellos que el sistema actual ha logrado reducir la mortalidad infantil y la muerte materna además de lograr controlar enfermedades como la poliomielitis y la difteria.
Asimismo, indicaron que el Seguro Popular se evita el empobrecimiento de las familias ante enfermedades graves como cáncer o VIH/SIDA.
Destacaron que es imposible regularizar a los más de 80 mil médicos del sector salud a costa del financiamiento a las enfermedades catastróficas.
Además, quienes tuvieron la responsabilidad en gobiernos anteriores de manejar el sistema nacional de salud, aseguraron que “regresar a la centralización de la salud, debilita el federalismo mexicano”.
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió al gobierno federal no desestimar las consideraciones de los exsecretarios, al tiempo que señaló que la cancelación del Seguro Popular podría desatar una crisis en el sector.
¿Nace muerto?
Estos y otros argumentos finalmente no fueron escuchadas y desechada toda propuesta de mejorar la atención del Seguro Popular sin desaparecerlo, así el 23 de octubre el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 290 votos en favor, 42 abstenciones y 65 en contra, diversas disposiciones legales para crear del modelo de Salud para el Bienestar (Sabi) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
La diputada Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de diputados, dijo que el nuevo modelo está enfocado en “la atención primaria en salud, es dirigido especialmente para la población sin seguridad social e implica que las y los mexicanos tienen derecho a una atención médica ambulatoria y hospitalaria de calidad, integral, gratuita, incluidos materiales, medicamentos y exámenes clínicos”.
Previo a la votación, el diputado panista Éctor Jaime Ramírez sustentó el voto en contra de su partido debido a la sustitución de dichos fondos, que ascienden a 40 mil millones de pesos, y cuestionó el que esos recursos se centralicen, además de que no se garanticen los necesarios para el funcionamiento del Insabi.
En tanto, la legisladora del PRD, Frida Alejandra Esparza, destacó que si el Insabi no recibe los recursos necesarios para ampliar la cobertura universal, “entonces este instituto no va a ser diferente del Seguro Popular”.
