Inequidad ocasionada por el arranque anticipado del proceso electoral; simulación en precampañas; crisis internas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE); diversos tipos de violencia son los cuatro principales focos rojos que generan riesgos en el actual proceso electoral y que fueron detectados por organizaciones civiles conglomerados en el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE).
Arturo Espinosa de “Laboratorio Electoral”, Mariana Mota de “Más Ciudadanía”, Alberto Espinosa de la Coparmex, dieron a conocer los resultados del Segundo Informe de Monitoreo Electoral a través del cual observan el desarrollo del proceso electoral para identificar riesgos y emitir recomendaciones para atenderlos.
Cabe señalar que al evento fueron invitadas las presidentas del INE y del Tribunal Electoral, Guadalupe Taddei y Mónica Soto, respectivamente, pero ninguna de las dos, se presentaron y ni siquiera respondieron a la convocatoria, según integrantes del ANIE.
Entre los riesgos más presentes en lo que va del proceso electoral, el informe señala que al cierre de 2023 se registraron 574 eventos violentos, en su mayoría a nivel municipal.
Los diversos tipos de violencia ponen en riesgo directo a actores políticos y amenazan el ejercicio de derechos político-electorales. Durante los primeros días de enero de 2024 asesinaron a cuatro precandidatos y a una aspirante a cargos municipales, señalaron.
La violencia e inseguridad son de las mayores amenazas a la integridad electoral y su alcance, en términos de definir candidatos y condiciones de competencia, es cada día más alarmante, indicaron.
“No sólo no hay datos o iniciativas que sugieran que el fenómeno se pueda contener, todos los días asistimos a un agravamiento que confirma que el crimen organizado está más cerca de las urnas y más cerca de la definición de quiénes ganan los comicios“, advierte el documento.
El conglomerado reconoció que no está en manos de las autoridades electorales, federales o estatales, hacer frente a la incidencia del crimen organizado en el desarrollo de los comicios, sin embargo, para contrarrestar los mismos se requiere la intervención de Estado, lo que no se ve que esté sucediendo, afirmaron.
Además, consideraron que para contener el avance del crimen organizado y el control que tienen sobre muchos eventos electorales sobre todo a nivel local es necesaria la atención de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes de la Unión.
Los integrantes del colectivo, destacaron que la violencia influye en la definición de algunas candidaturas, pero también inhibe la participación de otros actores políticos a quienes así violentan sus derechos político electorales al decidir no participar por miedo.
Pero al mismo tiempo también se inhibe la participación ciudadana a la hora de votar.
“Estos escenarios debían ser el foco rojo en toda la contienda y no es un tema de percepción, es un tema documentado y las autoridades debieran actuar al respecto. De lo contrario la voluntad de la ciudadanía se ve minada“.
Con respecto a las crisis suscitadas en el TEPJF y el INE aseguraron que minan su legitimidad.
Mencionaron que por un lado el INE no ha logrado alcanzar los consensos necesarios para designar a los titulares de las Direcciones Ejecutivas y de la Junta General Ejecutiva; en tanto que el TEPJF tuvo un cambio en su presidencia en medio del proceso electoral, una situación que atenta contra la estabilidad y legitimidad de la institución y, en este sentido, contra la certidumbre del proceso electoral.
