La creencia de que el gobierno puede controlar los precios del gas, la electricidad o la gasolina por una cuestión de voluntad es una “quimera”, aseguró Víctor Gómez Ayala, director de inteligencia de datos de Fundación Rafael Dondé.
Los controles de precios con los que el gobierno fija la tarifa a determinada mercancía o establece precios mínimos y/o máximos a productos, los cuales deben ser acatados por las empresas del sector, genera una distorsión en la economía y termina por afectar a quienes se pretende beneficiar con esta política, aseguró José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Al inaugurar el webinar “Impactos de la política de control de precios”, organizado por el sindicato patronal, Medina Mora destacó que cuando existe una alta inflación los gobiernos enfrentan la tentación de implementar un control de precios, lo que a final de cuentas genera resultados negativos al crear desajustes en la oferta y demanda.
En este sentido, criticó que la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) prevea que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sea absorbida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que distorsionaría las reglas del mercado.
Aseguró que el camino para fortalecer a la CFE no es quitarle la competencia, pues de acuerdo con lo que demuestran los mercados, la libre competencia hace más eficientes a las empresas y al quitar la competencia se generará un incremento de precios que pagará el consumidor final.
En su turno, Gerardo Trejo Veytia, secretario general de la Coparmex, refirió que en el decenio del ochenta, el gobierno mexicano aplicó una política de control de precios como estrategia con la que pretendía reducir los altos niveles de inflación, lo que no solamente no se logró, sino que además se ocasionaron desajustes en la oferta y la demanda.
Mencionó que recientemente esta política se ha aplicado en algunos ámbitos, como el tope a las comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y en el establecimiento de precios máximos de Gas LP, por lo que el diálogo con expertos contribuye a comprender los impactos desde distintas perspectivas.
Por otra parte, Benito Solís, presidente del Comité de Propuesta Económica de Coparmex, señaló que en los países donde se han eliminado los precios libres y se ha establecido una política de control de precios, aparece la escasez.
Sostuvo que para incentivar la inversión en los países, tener un mayor crecimiento, con precios libres y flexibles, sin inflación, donde exista una clara definición de los derechos de propiedad, exista competencia y eliminación de monopolios, se debe dejar trabajar al sistema de mercado con la participación activa y positiva del gobierno.
Respecto al impacto en los hogares de la política de control de precios, Víctor Gómez Ayala, director de inteligencia de datos de Fundación Rafael Dondé, aseguró que la creencia de que el gobierno puede controlar los precios del gas, la electricidad o la gasolina por una cuestión de voluntad es una “quimera”.
Durante su participación, María José Contreras, directora general de Promoción a la Competencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), dijo que la competencia es, en la mayoría de los casos, la mejor forma de asegurar la eficiencia en los mercados, pues cuando las empresas compiten, ofrecen mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad y variedad a los consumidores, además de que impulsan mejoras en la productividad e innovación.
Compartió también que en México existen leyes que prevén la regulación de tarifas a partir de la emisión de una declaratoria de condiciones de no competencia como son la Ley de Puertos, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la Ley de Hidrocarburos, que contempla un mecanismo para regular precios finales, aunque sostuvo que, el control de precios, debe ser utilizado en ocasiones extraordinarias, con base en criterios técnicos y teniendo al centro al consumidor y al bienestar social.
En tanto que Elena Estavillo, fundadora y directora general de Centro-i, indicó que cuando existía control de precios en el país, esto generó falta de competitividad, rezago en adopción tecnológica, en innovación, se desincentivó la inversión y esto trajo como consecuencia un impacto en el bienestar de las personas.
